La Corte de Apelaciones de Santiago conoció de un reclamo tributario presentado por una…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2019
Resumen
La Corte de Apelaciones de Santiago conoció de un reclamo tributario presentado por una contribuyente tras una fiscalización del Servicio de Impuestos Internos que rechazó gastos por pagos de servicios de administración, por no acreditarse su naturaleza, efectividad y necesidad para la generación de la renta, lo que derivó en liquidaciones con diferencias de impuestos y multas del artículo 97 N°11 del Código Tributario. El tribunal de primera instancia había acogido parcialmente el reclamo en cuanto a dichas multas, al estimar que no existió retardo en enterar impuestos retenidos. La Corte revocó de oficio esa parte de la sentencia, confirmó las liquidaciones en lo relativo a las multas y rechazó el recurso de apelación de la contribuyente, confirmando lo demás de lo apelado. Se razonó que las multas ya estaban establecidas en las liquidaciones, por lo que la sentencia solo consolidó ese derecho. Un ministro votó en contra, sosteniendo que el ente fiscalizador no está facultado para imponer tales multas y que el tipo infraccional exige retardo en enterar impuestos, situación que no se daba en el caso.
Normas citadas
Art. 97 N°11 Código Tributario
SIIjurisprudencia judicial tributariaNo Favorable al SII
Preguntas frecuentes
¿Procede rechazar gastos por servicios de administración si no se acredita su naturaleza, efectividad y necesidad para generar la renta?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el rechazo de los gastos por pagos de servicios de administración, porque la contribuyente no acreditó su naturaleza, efectividad y necesidad para la generación de la renta, lo que dio lugar a diferencias de impuestos.
¿Qué efecto tiene que las multas ya estén establecidas en las liquidaciones del Servicio de Impuestos Internos al resolver un reclamo tributario?
En este caso, la Corte razonó que las multas ya estaban establecidas en las liquidaciones, por lo que la sentencia solo consolidó ese derecho del fisco. Un ministro discrepó, sosteniendo que el ente fiscalizador no está facultado para imponer tales multas.
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