El Consejo para la Transparencia acogió un amparo contra la Intendencia de la Región Me…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2021
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo contra la Intendencia de la Región Metropolitana de Santiago, que había denegado el acceso a información sobre causas penales. Se ordenó entregar el RIT y RUC de las causas consultadas, y el tribunal ante el cual se ejerció la acción penal por delitos previstos en las leyes 12.927 (seguridad exterior del Estado) y 18.314 (conductas terroristas), entre 2010 y 2020. El Consejo fundó la decisión en el principio de publicidad de los actos de los tribunales, consagrado en el Código Orgánico de Tribunales, el Código Procesal Penal y tratados internacionales de derechos humanos. Se dispuso que el servicio cumpla en cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo apercibimiento legal, y que acredite la entrega ante el Consejo.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Se puede pedir por transparencia el RIT y RUC de causas penales por delitos de seguridad exterior o terrorismo?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió un amparo y ordenó entregar el RIT y RUC de las causas consultadas, fundando la decisión en el principio de publicidad de los actos de los tribunales. El servicio debe cumplir en cinco días hábiles desde que quede ejecutoriada la decisión.
¿Puede una intendencia negarse a entregar información sobre causas penales en tribunales?
En este caso, el Consejo para la Transparencia resolvió que no procedía la denegación de la Intendencia de la Región Metropolitana, porque la publicidad de los actos de los tribunales está consagrada en el Código Orgánico de Tribunales, el Código Procesal Penal y tratados de derechos humanos. Por ello ordenó la entrega de la información.
¿Qué plazo y qué obligación tiene un servicio público cuando el Consejo para la Transparencia acoge un amparo?
En este caso, el Consejo dispuso que el servicio cumpla en cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo apercibimiento legal. Además, debe acreditar ante el Consejo la entrega de la información.
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