El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad que cuestionaba…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2019
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad que cuestionaba el artículo duodécimo transitorio de la Ley N° 20.720, por considerar que vulneraba la igualdad ante la ley, la tipicidad penal y la legalidad. El Tribunal rechazó estos reproches y resolvió que la norma no crea tipos penales nuevos ni altera los existentes, sino que establece una regla de derecho intertemporal que remite a los principios generales del derecho penal, en particular al artículo 18 del Código Penal y al artículo 19, N° 3°, inciso octavo, de la Constitución. Respecto de la prohibición de penas sustitutivas en ciertos delitos vinculados al control de armas, sostuvo que no existe un trato discriminatorio, pues la parte requirente no acreditó un test de igualdad comparable, y que la Constitución mandata el control de las armas, lo que justifica un tratamiento penal diferenciado. Finalmente, el fallo recordó que determinar si la ley penal más favorable resulta aplicable en un caso concreto corresponde al juez del fondo.
Tribunal ConstitucionalINApenas sustitutivasley de control de armasPrincipio de proporcionalidad de la PenaIgualdad ante la LeyDeterminación de la penaReinserción social
Preguntas frecuentes
¿El artículo duodécimo transitorio de la Ley N° 20.720 crea nuevos tipos penales o altera los existentes?
No. En este caso, el Tribunal Constitucional resolvió que la norma no crea tipos penales nuevos ni altera los existentes, sino que establece una regla de derecho intertemporal que remite a los principios generales del derecho penal, en particular al artículo 18 del Código Penal.
¿Es constitucional prohibir penas sustitutivas en delitos vinculados al control de armas?
En este caso, el Tribunal sostuvo que no existe un trato discriminatorio, porque la parte requirente no acreditó un test de igualdad comparable. Además, estimó que la Constitución mandata el control de las armas, lo que justifica un tratamiento penal diferenciado.
¿Quién debe determinar si la ley penal más favorable se aplica a un caso concreto?
En este caso, el fallo recordó que determinar si la ley penal más favorable resulta aplicable corresponde al juez del fondo, que es quien conoce el caso concreto.
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