Resumen
La Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto por una sociedad constructora contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que había confirmado una multa de 100 Unidades Tributarias Anuales impuesta por la Dirección General de Aguas por ejecutar obras no autorizadas en un cauce natural. La recurrente alegó infracción al artículo 1698 del Código Civil sobre carga de la prueba, por no haberse acreditado la extracción de áridos, y denunció también la vulneración de los artículos 41, 171 y 172 del Código de Aguas y del artículo 19 N° 3 de la Constitución, por no haber podido rendir prueba en el procedimiento administrativo. El tribunal resolvió que la recurrente no precisó qué hechos no pudo probar ni demostró que los errores denunciados influyeran sustancialmente en lo dispositivo del fallo, como exige el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil. Además, la recurrente había reconocido en sede administrativa trabajos de nivelación y excavaciones, por lo que el recurso fue considerado manifiestamente infundado y se rechazó.