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El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2019

Resumen

El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el inciso segundo del artículo 1° de la Ley N° 18.216, que excluye la aplicación de penas sustitutivas a ciertos delitos. La parte requirente sostenía que esa restricción vulneraba la proporcionalidad de las penas, la igualdad ante la ley y el debido proceso. El tribunal rechazó el requerimiento. Razonó que suprimir las penas sustitutivas en algunos delitos es una facultad racional del legislador, que refuerza el principio de legalidad de las penas al limitar la discrecionalidad judicial. Agregó que no existía un trato discriminatorio, pues la requirente no planteó un test de igualdad que permitiera comparar situaciones equiparables. Además, señaló que la Constitución mandata el control y supervigilancia de las armas, lo que justifica un tratamiento penal distinto para esas conductas.

Normas citadas

  • Constitución Política, artículo 19, numeral 2, inciso primero
  • Constitución Política, artículo 19, numeral 3, inciso sexto
Tribunal ConstitucionalINApenas sustitutivasdelitos contra la ley de control de armasPrincipio de proporcionalidad de la PenaIgualdad ante la LeyReinserción socialDeterminación de la pena

Preguntas frecuentes

¿Es inconstitucional que la ley excluya las penas sustitutivas para ciertos delitos?

En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento y sostuvo que excluir las penas sustitutivas en algunos delitos es una facultad racional del legislador, que refuerza el principio de legalidad de las penas al limitar la discrecionalidad judicial.

¿Vulnera la igualdad ante la ley que una restricción de penas sustitutivas no distinga entre situaciones distintas?

En este caso, el tribunal concluyó que no existía trato discriminatorio, porque la parte requirente no planteó un test de igualdad que permitiera comparar situaciones equiparables.

¿Puede el legislador dar un tratamiento penal más severo a los delitos relacionados con armas?

En este caso, el tribunal señaló que la Constitución mandata el control y supervigilancia de las armas, lo que justifica un tratamiento penal distinto para esas conductas.

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