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El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021

Resumen

El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que excluye el acceso a penas sustitutivas de la privación de libertad en determinados delitos. El requirente sostenía que dicha norma vulneraba la proporcionalidad de las penas, la igualdad ante la ley y el debido procedimiento racional y justo, garantizados por el artículo 19 N°s 2° y 3° de la Constitución. Si bien la sentencia reconoce que la exclusión legal debe respetar límites constitucionales, concluye que el legislador puede establecer penas de presidio efectivo para delitos que implican un reproche adicional, como la violencia de género, el uso de armas prohibidas o robadas, el tráfico ilícito o la producción de drogas. En consecuencia, el requerimiento fue rechazado, precisando que la eventual pena a imponer es materia de competencia del tribunal penal y no de esta Magistratura.

Normas citadas

  • artículo 1, inciso segundo, de Ley N° 18.216
  • Constitución Política, artículo 19, numeral 2, inciso primero
  • Constitución Política, artículo 19, numeral 3, inciso sexto
Tribunal ConstitucionalINApenas sustitutivasley de control de armasPrincipio de proporcionalidad de la PenaIgualdad ante la LeyDeterminación de la pena

Preguntas frecuentes

¿Puede el Tribunal Constitucional, mediante un requerimiento de inaplicabilidad, determinar la pena concreta que debe imponerse en un proceso penal?

En este caso, el Tribunal Constitucional precisó que la eventual pena a imponer es materia de competencia del tribunal penal y no de esta Magistratura. Por lo tanto, no se pronunció sobre la pena concreta aplicable al requirente.

¿La exclusión legal de penas sustitutivas para determinados delitos vulnera la igualdad ante la ley y el debido procedimiento racional y justo?

En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento que alegaba vulneración de la igualdad ante la ley y del debido procedimiento racional y justo, garantizados por el artículo 19 N°s 2 y 3 de la Constitución. Reconoció que la exclusión debe respetar límites constitucionales, pero concluyó que la norma impugnada no los infringe.

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