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La Corte Suprema conoció una acción constitucional de protección presentada por una ciu…

Sentencia · Corte Suprema · 2026

Resumen

La Corte Suprema conoció una acción constitucional de protección presentada por una ciudadana extranjera contra el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por la demora superior a seis meses en responder su solicitud, fundada en el artículo 27 de la Ley N° 19.880. El tribunal confirmó la sentencia apelada y rechazó el recurso. Estimó que el plazo de seis meses no es fatal y que la demora no es ilegal ni arbitraria, al justificarse en circunstancias objetivas como la masificación de la migración regular e irregular. Además, consideró que la acción constitucional no es la vía para acelerar procedimientos administrativos en curso, existiendo para ello el silencio administrativo previsto en los artículos 64 y 65 de la Ley N° 19.880. Agregó que la recurrente se encontraba en situación migratoria regular, por lo que no se acreditaba afectación de derechos constitucionales, y que acoger el recurso podría vulnerar la igualdad ante la ley respecto de otros solicitantes.

Normas citadas

  • Ley N° 19.880
  • Artículo 27 de la Ley N° 19.880
(CIVIL) APELACIÓN PROTECCIÓNTERCERA, CONSTITUCIONAL

Preguntas frecuentes

¿El plazo de seis meses del artículo 27 de la Ley N° 19.880 es fatal para que la Administración responda una solicitud?

En este caso, la Corte Suprema estimó que el plazo de seis meses no es fatal. Además, consideró que la demora no era ilegal ni arbitraria, porque se justificaba en circunstancias objetivas como la masificación de la migración regular e irregular.

¿Puede una acción de protección servir para acelerar un procedimiento administrativo que aún está en tramitación?

En este caso, la Corte Suprema sostuvo que la acción constitucional no es la vía para acelerar procedimientos administrativos en curso. Señaló que para ello existe el silencio administrativo previsto en los artículos 64 y 65 de la Ley N° 19.880.

¿Se vulneran derechos constitucionales por la demora de la Administración en resolver una solicitud migratoria de una persona en situación regular?

En este caso, la Corte Suprema concluyó que no se acreditaba afectación de derechos constitucionales, porque la recurrente se encontraba en situación migratoria regular. Agregó que acoger el recurso podría vulnerar la igualdad ante la ley respecto de otros solicitantes.

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