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La Corte Suprema confirmó la sentencia que rechazó el recurso de protección interpuesto…

Sentencia · Corte Suprema · 2026

Resumen

La Corte Suprema confirmó la sentencia que rechazó el recurso de protección interpuesto por un trabajador en contra de la autoridad administrativa por la demora en resolver su solicitud de regularización migratoria. El recurrente alegó que la tardanza de más de seis meses constituía una omisión ilegal o arbitraria que vulneraba sus derechos constitucionales. La Corte consideró que el plazo de seis meses del artículo 27 de la Ley N° 19.880 no es fatal, y que la demora no era ilegal ni arbitraria, pues se debía a la masificación de la migración, lo que constituye fuerza mayor. Además, señaló que el recurrente se encontraba en situación migratoria regular, por lo que no se constataba una privación o amenaza a sus derechos. Finalmente, acoger el recurso podría vulnerar el principio de igualdad ante la ley al otorgar prioridad a algunos solicitantes sobre otros.

Normas citadas

  • Ley N° 19.880
  • Artículo 27 de la Ley N° 19.880
(CIVIL) APELACIÓN PROTECCIÓNTERCERA, CONSTITUCIONAL

Preguntas frecuentes

¿El plazo de seis meses del artículo 27 de la Ley N° 19.880 es fatal para que la Administración resuelva una solicitud?

En este caso, la Corte Suprema consideró que el plazo de seis meses del artículo 27 de la Ley N° 19.880 no es fatal, por lo que su superación no hace ilegal la demora por sí sola.

¿Puede acogerse un recurso de protección por la demora de la autoridad en resolver una solicitud de regularización migratoria?

En este caso, la Corte Suprema confirmó el rechazo del recurso, al estimar que la demora de más de seis meses no era ilegal ni arbitraria, sino atribuible a la masificación de la migración, constitutiva de fuerza mayor.

¿Se vulneran derechos constitucionales por la demora en resolver una solicitud migratoria si el solicitante ya se encuentra en situación regular?

En este caso, la Corte Suprema sostuvo que, al encontrarse el recurrente en situación migratoria regular, no se constataba una privación o amenaza a sus derechos, y que acoger el recurso podría vulnerar la igualdad ante la ley al priorizar a unos solicitantes sobre otros.

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