La Corte Suprema conoció la apelación de la Municipalidad de Coquimbo contra una senten…
Sentencia · Corte Suprema · 2002
Resumen
La Corte Suprema conoció la apelación de la Municipalidad de Coquimbo contra una sentencia de la Corte de Apelaciones de La Serena que acogió una acción de protección interpuesta por un concesionario de bienes nacionales de uso público. El municipio había puesto término unilateral a la concesión por incumplimiento grave de las obligaciones del concesionario, facultad que el contrato le otorgaba como cláusula exorbitante de carácter administrativo. El tribunal reconoció que esa atribución es congruente con la naturaleza de este tipo de concesiones, pero sostuvo que, con posterioridad, el municipio celebró una transacción con el concesionario sobre la forma de ejecutar la segunda etapa de las obras, lo que implicó resignar esa potestad de calificar administrativamente el incumplimiento. En consecuencia, la decisión de poner término a la concesión fue considerada ilegítima y arbitraria, afectando el derecho de propiedad protegido por el artículo 19 N° 24 de la Constitución. Por ello, la Corte rechazó la apelación y confirmó la sentencia de primera instancia.
Normas citadas
Art. 19 N° 24 Constitución Política
Art. 20 Constitución Política
Revista de Derecho del CDEjurisprudencia de interés fiscalRecurso de Protección
Preguntas frecuentes
¿Puede una municipalidad poner término unilateral a una concesión de bien nacional de uso público por incumplimiento del concesionario?
En este caso, la Corte Suprema reconoció que la facultad de término unilateral por incumplimiento grave es congruente con la naturaleza de este tipo de concesiones, pero sostuvo que el municipio renunció a ella al celebrar después una transacción con el concesionario sobre la ejecución de la segunda etapa de las obras.
¿Una transacción posterior puede dejar sin efecto la potestad administrativa de calificar un incumplimiento contractual?
En este caso, la Corte Suprema sostuvo que sí, porque al transigir sobre la forma de ejecutar las obras el municipio resignó su potestad de calificar administrativamente el incumplimiento, por lo que la posterior decisión de terminar la concesión fue considerada ilegítima y arbitraria.
¿Procede la acción de protección contra la terminación de una concesión municipal de uso público?
En este caso, la Corte Suprema confirmó la sentencia que acogió la acción de protección, al estimar que el término de la concesión fue arbitrario e ilegítimo y afectó el derecho de propiedad protegido por el artículo 19 N° 24 de la Constitución.
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