La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad presentado por una…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025
Resumen
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad presentado por una empresa distribuidora de electricidad en contra de la Municipalidad de Providencia, a raíz de un decreto alcaldicio que fijó cobros por la ocupación transitoria o temporal de bienes nacionales de uso público por parte de empresas de servicios básicos. El tribunal concluyó que el reclamo fue presentado de forma extemporánea y que, además, no se advierte ilegalidad en la actuación municipal, pues el cobro se subsume en la Ley de Rentas Municipales, en la ley de pavimentación y en las remisiones de la Ley General de Servicios Eléctricos que conectan con la ordenanza cuestionada. De este modo, la autoridad edilicia actuó dentro de sus facultades legales y con sujeción a la normativa aplicable, por lo que se confirmó la validez del gravamen y se rechazó la reclamación.
Normas citadas
Ley N° 18.695
Ley N° 3.063
Decreto Ley N° 3.063
Artículo 151 de la Ley N° 18.695
Ley N° 8946
Artículo 5 de la ley N° 18.695
Artículo 75 bis de la ley N° 8.946
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Preguntas frecuentes
¿Es legal que una municipalidad cobre por la ocupación transitoria de bienes nacionales de uso público a empresas de servicios básicos?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo y concluyó que no se advierte ilegalidad en la actuación municipal, pues el cobro se subsume en la Ley de Rentas Municipales, en la ley de pavimentación y en las remisiones de la Ley General de Servicios Eléctricos.
¿Qué ocurre si se presenta un reclamo de ilegalidad fuera del plazo legal?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo porque fue presentado de forma extemporánea, lo que impidió analizar el fondo del asunto.
¿Puede una municipalidad fijar mediante decreto alcaldicio cobros por ocupación temporal de bienes nacionales de uso público?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la validez del gravamen al concluir que la autoridad edilicia actuó dentro de sus facultades legales y con sujeción a la normativa aplicable.
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