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La Corte Suprema rechazó el recurso de protección interpuesto por un alcalde contra un…

Sentencia · Corte Suprema · 2000

Resumen

La Corte Suprema rechazó el recurso de protección interpuesto por un alcalde contra un dictamen de la Contraloría General de la República que le exigía invalidar un decreto de destitución de una funcionaria municipal. El recurrente alegó que el dictamen afectaba su derecho de propiedad y el de la municipalidad, al obligar al pago de remuneraciones sin servicios efectivos. La Corte sostuvo que el registro de actos municipales no equivale a la toma de razón, que es un control previo de legalidad del cual las municipalidades están exentas. Sin embargo, la Contraloría tiene atribuciones constitucionales y legales para fiscalizar posteriormente la legalidad de los actos municipales, pudiendo requerir su invalidación. En este caso, el dictamen no constituyó un control previo ilegal, sino una fiscalización posterior sobre un acto ya vigente. Además, las potestades públicas del alcalde no tienen contenido patrimonial, y la obligación de pagar remuneraciones es legal, no derivada del dictamen. Por ello, no se configuró la ilegalidad ni la afectación de garantías constitucionales invocadas.

Normas citadas

  • Ley 18.575
  • Ley N° 18.696
  • Ley N° 10.336
  • Oficio 047216
  • Artículo 53 de la Ley N° 18.696
  • Artículo 1 de la Ley N° 18.575
Revista de Derecho del CDEjurisprudencia de interés fiscalRecurso de Protección

Preguntas frecuentes

¿La Contraloría puede exigir a una municipalidad invalidar un decreto de destitución ya dictado?

En este caso, la Corte Suprema sostuvo que sí. La Contraloría tiene atribuciones constitucionales y legales para fiscalizar posteriormente la legalidad de los actos municipales y requerir su invalidación, como hizo con un decreto de destitución ya vigente.

¿El registro de actos municipales por parte de la Contraloría equivale a la toma de razón?

No, según la Corte Suprema en este caso. El registro no es un control previo de legalidad como la toma de razón, del cual las municipalidades están exentas.

¿Un alcalde puede recurrir de protección contra un dictamen de la Contraloría que afecta el patrimonio municipal?

En este caso, la Corte Suprema rechazó el recurso. Sostuvo que las potestades públicas del alcalde no tienen contenido patrimonial y que la obligación de pagar remuneraciones deriva de la ley, no del dictamen, por lo que no hubo afectación de garantías constitucionales.

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