El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento sobre la constitucionalidad de la i…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2019
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento sobre la constitucionalidad de la interdicción de penas sustitutivas para ciertos delitos vinculados al control de armas. La parte requirente alegaba vulneración de la igualdad ante la ley y de principios del debido proceso. El tribunal acogió parcialmente el requerimiento, pero en su parte resolutiva sostuvo que suprimir las penas sustitutivas no constituye una discriminación, en tanto la requirente no planteó un test de igualdad que permitiera comparar situaciones equivalentes. Agregó que la propia Constitución manda el control y supervigilancia de las armas, lo que justifica un tratamiento penal diferenciado y la exclusión de penas sustitutivas, por tratarse de finalidades constitucionalmente legítimas.
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Preguntas frecuentes
¿Es constitucional excluir las penas sustitutivas para delitos de control de armas por vulnerar la igualdad ante la ley?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que suprimir las penas sustitutivas no constituye discriminación, porque la parte requirente no planteó un test de igualdad que comparara situaciones equivalentes. Además, la Constitución manda el control y supervigilancia de las armas, lo que justifica un tratamiento penal diferenciado.
¿El control y supervigilancia de las armas justifica un tratamiento penal diferenciado en Chile?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la propia Constitución manda el control y supervigilancia de las armas, lo que justifica un tratamiento penal diferenciado. Por ello, la exclusión de penas sustitutivas se consideró una finalidad constitucionalmente legítima.
¿Qué debe demostrar quien alega discriminación por la exclusión de penas sustitutivas en un requerimiento de inconstitucionalidad?
En este caso, el tribunal indicó que la requirente no planteó un test de igualdad que permitiera comparar situaciones equivalentes. Sin esa comparación, no se acreditó la discriminación alegada respecto de la interdicción de penas sustitutivas.
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