El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento que cuestionaba la prohibición del…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2019
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento que cuestionaba la prohibición del artículo 61 de la Ley N° 20.000, que impide a los abogados funcionarios o contratados por la Administración del Estado patrocinar o actuar como apoderados de imputados por delitos de esa ley, por estimar que vulneraba la igualdad ante la ley, la libertad de trabajo, la actividad económica, el derecho de propiedad y el derecho a la defensa. El Tribunal acogió parcialmente el requerimiento. Sostuvo que la diferencia de trato entre abogados de la Administración del Estado y los demás es objetiva y razonable, que la excepción para la Defensoría Penal Pública y las Corporaciones de Asistencia Judicial se justifica en garantizar la defensa de quienes no pueden procurársela, y que la restricción se funda en la probidad administrativa y en evitar la influencia indebida de funcionarios en delitos de tráfico de drogas. Además, indicó que no existe un derecho de propiedad sobre el empleo público sino un derecho estatutario condicionado por la ley.
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