El Consejo para la Transparencia acogió un amparo deducido por una solicitante en contr…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2021
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo deducido por una solicitante en contra de la Subsecretaría del Interior, por la denegación de información sobre la recepción de determinados documentos y sobre el estado de su solicitud de visa. El Consejo fundó su decisión en que se trataba de información pública que debía obrar en poder del órgano reclamado, sin que este hubiese alegado circunstancias de hecho ni causales de reserva que justificaran la negativa. Asimismo, reconoció a la solicitante la calidad de parte interesada en el procedimiento administrativo, conforme a la Ley N° 19.880. Se ordenó entregar la información y acreditar su cumplimiento ante el Consejo dentro de plazo. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro de 15 días corridos, salvo en los casos que la ley excluye para los órganos de la Administración del Estado.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Puede el Consejo para la Transparencia ordenar la entrega de información si el órgano público no alega causales de reserva?
En este caso, el Consejo acogió el amparo porque se trataba de información pública que debía estar en poder del órgano y este no invocó circunstancias de hecho ni causales de reserva que justificaran la negativa. Por ello ordenó su entrega y acreditar el cumplimiento dentro de plazo.
¿Tiene una persona que pidió una visa la calidad de parte interesada en el procedimiento administrativo?
En este caso, el Consejo reconoció a la solicitante la calidad de parte interesada en el procedimiento administrativo, conforme a la Ley N° 19.880, al tratarse de información sobre el estado de su propia solicitud.
¿Cuál es el plazo para reclamar de una decisión del Consejo para la Transparencia que acoge un amparo?
Según esta resolución, contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro de 15 días corridos, salvo en los casos que la ley excluye para los órganos de la Administración del Estado.
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