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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la situación de una exfuncion…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2013

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la situación de una exfuncionaria a contrata del Instituto de Desarrollo Agropecuario que, tras recibir por resolución judicial el cuidado provisorio de una menor en el marco de un procedimiento de adopción, alegó la protección del fuero maternal. El órgano señaló que el plazo de un año de fuero se extiende a quienes manifiestan al tribunal su voluntad de adoptar, desde la resolución que les otorga el cuidado personal o la tuición, y que, conforme a su jurisprudencia (dictamen N° 12.439, de 2013), la autoridad no puede poner término a la relación funcionaria mientras dure el fuero, salvo que obtenga autorización judicial. Constatando que el servicio renovó la contrata hasta el 31 de marzo de 2013, la Contraloría consideró superada esa situación. Respecto de la denuncia de hostigamiento que podría constituir acoso laboral, precisó que corresponde a la jefatura con potestad sancionadora ponderar si los hechos ameritan castigo y, en su caso, ordenar la instrucción de un sumario, sin perjuicio de las facultades fiscalizadoras del órgano contralor.

Normas citadas

  • CTr art/174
  • CTr art/201 inc/2
  • CTr art/201 inc/4
  • ley 19620 art/19
  • ley 19620 art/24 inc/3
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Tiene fuero maternal una persona que recibe el cuidado provisorio de un menor en un procedimiento de adopción?

En este caso, la Contraloría sostuvo que el año de fuero se extiende a quienes manifiestan al tribunal su voluntad de adoptar, desde la resolución que les otorga el cuidado personal o la tuición. Por eso, mientras dure el fuero, la autoridad no puede poner término a la relación funcionaria salvo con autorización judicial.

¿Puede un servicio público poner término a la contrata de una funcionaria que tiene fuero por adopción?

Según este dictamen, no mientras dure el fuero, salvo que obtenga autorización judicial, conforme a su jurisprudencia previa. En el caso, el servicio renovó la contrata hasta el 31 de marzo de 2013, lo que la Contraloría consideró suficiente para superar esa situación.

¿Qué debe hacer un servicio público ante una denuncia de hostigamiento que podría constituir acoso laboral?

La Contraloría precisó que corresponde a la jefatura con potestad sancionadora ponderar si los hechos ameritan castigo y, en su caso, ordenar la instrucción de un sumario. Esto ocurre sin perjuicio de las facultades fiscalizadoras del órgano contralor.

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