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La Contraloría General de la República examinó las resoluciones Nos. 349 y 846, ambas d…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2013

Resumen

La Contraloría General de la República examinó las resoluciones Nos. 349 y 846, ambas de 2013, del Hospital Dr. F.B.C., que desvinculaban a una funcionaria a contrata. Se discutía si la trabajadora estaba amparada por fuero maternal, al encontrarse embarazada durante el período en que se desempeñaba en calidad de contrata. Citando el artículo 174 del Código del Trabajo y su jurisprudencia previa, el organismo concluyó que el empleador debe respetar la inamovilidad mientras dure el fuero y no puede poner término a la relación sin autorización judicial. Por ello, la funcionaria tiene derecho al fuero maternal, debiendo la autoridad reincorporarla, prolongar su designación por todo el período de protección y pagar las remuneraciones por el tiempo en que permaneció indebidamente separada. Finalmente, se cursaron las resoluciones por ajustarse a derecho.

Normas citadas

  • ctr art/201 inc/1
  • ctr art/197 bis
  • ctr art/174
  • ctr art/201 inc/4
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Tiene fuero maternal una funcionaria a contrata que queda embarazada mientras presta servicios?

En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que la funcionaria a contrata sí tiene derecho al fuero maternal, citando el artículo 174 del Código del Trabajo y su jurisprudencia previa. Por eso, la autoridad debe respetar su inamovilidad durante el período de protección.

¿Puede un hospital poner término a una contrata de una funcionaria embarazada sin autorización judicial?

No, según este dictamen, el empleador no puede poner término a la relación laboral durante el fuero sin autorización judicial. La Contraloría examinó dos resoluciones de desvinculación del Hospital y las dejó sin efecto por no ajustarse a esa exigencia.

¿Qué debe hacer la administración si desvinculó indebidamente a una funcionaria con fuero maternal?

En este caso, la Contraloría sostuvo que la autoridad debe reincorporar a la funcionaria, prolongar su designación por todo el período de protección y pagar las remuneraciones por el tiempo en que permaneció separada. Las resoluciones de desvinculación fueron rechazadas en cuanto no se ajustaban a derecho.

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