La Corte de Apelaciones de San Miguel conoció un reclamo tributario en el que la contri…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2016
Resumen
La Corte de Apelaciones de San Miguel conoció un reclamo tributario en el que la contribuyente cuestionaba una resolución del Servicio de Impuestos Internos que rechazó su solicitud de devolución de sumas retenidas. El fallo de primera instancia había anulado la resolución por falta de fundamentación y ordenado la devolución. La Corte confirmó la anulación, pues la resolución no se hizo cargo de los defectos alegados y ello impidió ejercer el derecho a defensa, pero revocó la orden de devolución. Lo hizo porque el artículo 126 del Código Tributario excluye del reclamo las peticiones de restitución de sumas pagadas indebidamente, y para obtener devoluciones por esta vía debe existir una liquidación o giro reclamado oportunamente, lo que no ocurría. Se ordenó al Servicio pronunciarse nuevamente con fundamentos claros dentro del plazo legal.
Normas citadas
Art. 126 Código Tributario
SIIjurisprudencia judicial tributaria
Preguntas frecuentes
¿Puede un contribuyente reclamar ante la Corte de Apelaciones para obtener la devolución de sumas retenidas si el SII rechazó su solicitud?
En este caso, la Corte de Apelaciones de San Miguel confirmó la anulación de la resolución del SII por falta de fundamentación, pero revocó la orden de devolución. Explicó que el artículo 126 del Código Tributario excluye del reclamo las peticiones de restitución de sumas pagadas indebidamente.
¿Qué requisito exige el artículo 126 del Código Tributario para obtener devoluciones de impuestos pagados indebidamente?
En este caso, la Corte sostuvo que para obtener devoluciones por la vía del reclamo debe existir una liquidación o giro reclamado oportunamente. Como en el caso no existía, no procedía ordenar la devolución.
¿Qué ocurre cuando el SII dicta una resolución sin fundamentos que impidan ejercer el derecho a defensa del contribuyente?
En este caso, la Corte confirmó la anulación de la resolución del SII porque no se hizo cargo de los defectos alegados, lo que impidió ejercer el derecho a defensa. Ordenó al Servicio pronunciarse nuevamente con fundamentos claros dentro del plazo legal.
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