La Corte Suprema confirmó la sentencia que acogió un recurso de protección presentado p…
Sentencia · Corte Suprema · 2026
Resumen
La Corte Suprema confirmó la sentencia que acogió un recurso de protección presentado por un ciudadano extranjero contra el Servicio Nacional de Migraciones, por la demora en resolver su solicitud migratoria, a la que se atribuyó el carácter de omisión arbitraria e ilegal. La decisión se adoptó con el voto en contra del Ministro G.R., quien estimó que no existía indicio de discriminación ni infracción al plazo razonable del artículo 8.1 de la Convención Americana, y que la acción de protección no sirve para acelerar procedimientos administrativos en curso sin un acto terminal ilegal o arbitrario. Asimismo, señaló que el recurrente mantenía su situación migratoria regular durante la tramitación, por lo que no se configuraba privación, perturbación o amenaza a derechos constitucionales.
Normas citadas
Art. 8.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos
¿Procede el recurso de protección cuando la autoridad migratoria demora en resolver una solicitud de residencia?
En este caso, la Corte Suprema confirmó que la demora del Servicio Nacional de Migraciones en resolver la solicitud constituyó una omisión arbitraria e ilegal, acogiendo el recurso de protección. Hubo un voto en contra que estimó que la acción no sirve para acelerar procedimientos administrativos en curso sin un acto terminal ilegal o arbitrario.
¿La demora en un trámite migratorio vulnera el plazo razonable del artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos?
En este caso, el voto en contra del Ministro G.R. sostuvo que no existía infracción al plazo razonable del artículo 8.1 de la Convención Americana ni indicio de discriminación. La mayoría, en cambio, confirmó la acogida del recurso por la demora atribuida a la autoridad.
¿Un extranjero que mantiene su situación migratoria regular durante la tramitación sufre privación de derechos constitucionales por la demora?
En este caso, el voto disidente señaló que el recurrente mantenía su situación migratoria regular durante la tramitación, por lo que no se configuraba privación, perturbación o amenaza a derechos constitucionales del artículo 20. Esta postura no prevaleció, pues la decisión mayoritaria confirmó la acogida del recurso.
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