Resumen del criterio jurisprudencial
La Corte Suprema resolvió un recurso de apelación en el marco de una acción constitucional de protección interpuesta en contra del Servicio Nacional de Migraciones. La recurrente alegaba una demora en la tramitación de su solicitud migratoria, lo que a su juicio configuraba una actuación ilegal y arbitraria que vulneraba sus derechos constitucionales. La Tercera Sala de la Corte Suprema confirmó la sentencia apelada, rechazando la acción de protección. La Corte concluyó que no existían indicios de discriminación ni de capricho, abuso o desviación de poder por parte de la recurrida, y que la acción constitucional no tiene por objeto acelerar o sustituir procedimientos administrativos en curso. Además, se consideró que la recurrente se encontraba en situación migratoria regular mientras duraba la tramitación, por lo que no se constataba una privación, perturbación o amenaza a sus derechos constitucionales.