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La Corte Suprema confirmó la sentencia que acogió un recurso de protección presentado p…

Sentencia · Corte Suprema · 2026

Resumen

La Corte Suprema confirmó la sentencia que acogió un recurso de protección presentado por un recurrente contra el Servicio Nacional de Migraciones, por la demora en la tramitación de una solicitud migratoria. El fallo fue acordado con el voto en contra del ministro Ruz, quien estimó que no existían indicios de discriminación o abuso, que el tiempo de tramitación no infringía la garantía del plazo razonable de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que la acción constitucional no puede sustituir procedimientos administrativos en curso. Agregó que el recurrente se encontraba en situación migratoria regular, por lo que no se configuraba una amenaza a sus derechos constitucionales. La mayoría, sin expresar fundamentos adicionales, confirmó la decisión del tribunal inferior.

Normas citadas

  • Art. 8.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos
  • Art. 20 Constitución Política de la República
(CIVIL) APELACIÓN PROTECCIÓNTERCERA, CONSTITUCIONAL

Preguntas frecuentes

¿La demora en la tramitación de una solicitud migratoria puede dar lugar a un recurso de protección en Chile?

En este caso, la Corte Suprema confirmó la sentencia que acogió un recurso de protección contra el Servicio Nacional de Migraciones por la demora en tramitar una solicitud migratoria, decisión acordada con el voto en contra del ministro Ruz.

¿La demora administrativa en un trámite migratorio vulnera el plazo razonable de la Convención Americana sobre Derechos Humanos?

El ministro Ruz, en su voto en contra, sostuvo que el tiempo de tramitación no infringía la garantía del plazo razonable del Art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que no existía vulneración en su opinión.

¿El recurso de protección puede reemplazar un procedimiento administrativo migratorio que aún está en curso?

Según el voto en contra del ministro Ruz, la acción constitucional no puede sustituir los procedimientos administrativos en curso, y el recurrente estaba en situación migratoria regular, por lo que no había amenaza a sus derechos del Art. 20 de la Constitución.

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