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La Corte Suprema confirmó la sentencia que acogió el recurso de protección interpuesto…

Sentencia · Corte Suprema · 2026

Resumen

La Corte Suprema confirmó la sentencia que acogió el recurso de protección interpuesto por un trabajador contra el Servicio Nacional de Migraciones, por la demora en la tramitación de una solicitud migratoria. El fallo consideró que la tardanza constituía una vulneración de derechos fundamentales, y se destacó que el recurrente mantenía su situación migratoria regular durante el proceso. El voto en contra del ministro Ruz sostuvo que no existían indicios de discriminación o arbitrariedad, que la demora no infringía el plazo razonable del artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que la acción constitucional no procedía para acelerar procedimientos administrativos en curso, pues no se configuraban los requisitos para conceder la protección.

Normas citadas

  • Art. 8.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos
  • Art. 20 Constitución Política de la República
(CIVIL) APELACIÓN PROTECCIÓNTERCERA, CONSTITUCIONAL

Preguntas frecuentes

¿La demora de la administración en tramitar una solicitud migratoria puede dar lugar a un recurso de protección?

En este caso, la Corte Suprema confirmó que la demora en tramitar la solicitud migratoria constituyó una vulneración de derechos fundamentales, acogiendo el recurso de protección, pues el recurrente mantenía su situación migratoria regular durante el proceso.

¿El plazo razonable del artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se infringe por la tardanza en un trámite administrativo migratorio?

En este caso, el voto en contra del ministro Ruz sostuvo que la demora no infringía el plazo razonable del artículo 8.1 de la Convención, por lo que la postura minoritaria no compartió que hubiera vulneración en ese punto.

¿Procede el recurso de protección para acelerar un procedimiento administrativo migratorio que está en curso?

En este caso, el voto en contra sostuvo que la acción constitucional no procede para acelerar procedimientos administrativos en curso, al no configurarse los requisitos para conceder la protección, criterio que no prevaleció en el fallo.

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