La Contraloría General de la República se pronunció sobre la procedencia de los bonos p…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2018
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la procedencia de los bonos por retiro voluntario de las leyes N° 20.589 y 20.919 para una ex funcionaria de la salud municipal. El dictamen concluye que no procede otorgarlos, porque la interesada no reúne los requisitos de edad y de época en que debió obtener su pensión por invalidez. La ley N° 20.589 exige que, entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de junio de 2014, la persona obtenga la pensión y cumpla la edad exigida, que para las mujeres son 60 años. Aunque la pensión se concedió en julio de 2013, la interesada cumplió los 60 años después del 30 de junio de 2014, por lo que no cumple la totalidad de los requisitos. Tampoco procede la ley N° 20.919, cuyo artículo 12 exige que la pensión de invalidez se obtenga entre el 1 de julio de 2014 y el 30 de junio de 2024, periodo en el que no se encuadra su caso.
Normas citadas
ley 20589 art/1
ley 20589 art/10
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Procede el bono por retiro voluntario de la Ley 20.589 si la pensión de invalidez se obtuvo antes de cumplir la edad exigida?
En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que no procede el bono, porque la ley exige obtener la pensión y cumplir la edad dentro del periodo entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de junio de 2014, y la interesada cumplió los 60 años después de esa fecha.
¿Qué requisitos de época establece la Ley 20.589 para acceder a los bonos por retiro voluntario de funcionarios de salud municipal?
En este caso, el dictamen señala que la persona debe obtener la pensión y cumplir la edad exigida, que para las mujeres es 60 años, entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de junio de 2014. El cumplimiento de ambos requisitos dentro de ese periodo es necesario para acceder al beneficio.
¿Puede aplicarse la Ley 20.919 a una funcionaria que obtuvo pensión de invalidez antes del 1 de julio de 2014?
En este caso, la Contraloría sostuvo que no procede la Ley 20.919, porque su artículo 12 exige obtener la pensión de invalidez entre el 1 de julio de 2014 y el 30 de junio de 2024, periodo en el que no se encuadra la situación de la interesada.
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