Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la reclamación de una institución previsional que objetaba el pago de diferencias de tasas impositivas en las pensiones de jubilación de personal municipal, originadas en el traspaso de cotizaciones desde la ex Caja de Retiro y Previsión de los Empleados Municipales de la República. El organismo ratificó su dictamen previo N° 30.578, de 2009, por cuanto los argumentos de la recurrente no alteraron la conclusión allí expuesta. Según esa conclusión, las municipalidades que enteraron cotizaciones en una caja distinta cumplieron su obligación de descontar, pero el integro no se hizo en el régimen correspondiente, y los servidores percibieron remuneraciones mayores a las que correspondían. Por ello, la diferencia constituye un beneficio pecuniario indebido que el Instituto de Previsión Social debe descontar del desahucio y de las pensiones de jubilación. Asimismo, se precisó que la restitución es exigible por cinco años contados hacia atrás desde el cese de funciones, aplicándose supletoriamente las normas de prescripción del Código Civil.