Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la imputación y el monto de la diferencia de tasa de cotizaciones producida con ocasión del traspaso de imposiciones a la ex Caja de Retiro y Previsión Social de los Empleados Municipales de la República. El órgano concluyó que dicha diferencia es de cargo de los servidores y no del municipio, pues de lo contrario se produciría un enriquecimiento sin causa, ya que percibieron remuneraciones mayores a las que correspondían. Respecto del cobro, fijó un plazo de cinco años hacia atrás desde el cese de funciones, conforme a las normas de prescripción del Código Civil, y señaló que no procede compensar reajustes, intereses ni multas, pues el deber de pagar oportunamente las cotizaciones correspondía al empleador. En consecuencia, ordenó al Instituto de Previsión Social otorgar los beneficios previsionales que correspondan, descontando las sumas indebidamente percibidas en los términos indicados.