La Superintendencia de Seguridad Social se pronunció sobre si una municipalidad está ob…
Dictamen · Superintendencia de Seguridad Social · 2025
Resumen
La Superintendencia de Seguridad Social se pronunció sobre si una municipalidad está obligada a constituir un D.P.R.P., consulta que se planteó invocando el reglamento de gestión preventiva de riesgos laborales (D.S. N°44, de 2023, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social). Tras recordar que la Ley N°19.345 incorporó a los trabajadores de la Administración Civil del Estado al seguro de la Ley N°16.744, el organismo indicó que el inciso cuarto del artículo 66 de esa ley exige el departamento solo a empresas mineras, industriales o comerciales con más de 100 trabajadores. Concluyó que las municipalidades, al ser servicios públicos y no entidades de esas características, no están obligadas a constituirlo, aunque pueden hacerlo si la magnitud de los riesgos de sus actividades lo justifica. Lo resuelto se basa en lo que informó la Contraloría General de la República en su Dictamen N°027979N15.
Normas citadas
Ley 16.395, artículo 30
Ley 16.744
Ley 16.744, artículo 66
ley 19.345, artículo 8
Ley N° 16.744Departamento de prevención de riesgos
Preguntas frecuentes
¿Están las municipalidades obligadas a constituir un D.P.R.P. (D.P.R.P.)?
En este caso, la Superintendencia de Seguridad Social concluyó que no están obligadas, porque el artículo 66 de la Ley 16.744 exige el departamento solo a empresas mineras, industriales o comerciales con más de 100 trabajadores. Pueden constituirlo igual si la magnitud de sus riesgos lo justifica.
¿Se aplica la Ley 16.744 a los trabajadores de la Administración Civil del Estado?
En este caso, el organismo recordó que la Ley 19.345 incorporó a los trabajadores de la Administración Civil del Estado al seguro de la Ley 16.744. Por lo tanto, están cubiertos por ese seguro de accidentes y enfermedades profesionales.
¿Puede un reglamento de prevención de riesgos imponer a un servicio público la obligación de tener un departamento de prevención?
En este caso, la Superintendencia de Seguridad Social revisó una consulta que invocaba el D.S. N°44, de 2023, del Ministerio del Trabajo. Concluyó que la obligación legal del departamento no alcanza a los servicios públicos, según lo informado por la Contraloría General de la República en su Dictamen N°027979N15.
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Dictamen · Superintendencia de Seguridad Social · 2012
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