Resumen
La Contraloría General de la República reconsideró su oficio N° 28.443, de 2017, relativo al traslado de un funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile cuya cónyuge es funcionaria pública con residencia en la misma localidad. El organismo había anulado la destinación del funcionario a la B.I.C.M., pero la policía acompañó nuevos antecedentes, entre ellos hojas de vida, informes de evaluación y una carta de servicio, que acreditaban que el funcionario se desempeñaba desde 2011 en la B.I.C.V.. Con ellos, el órgano concluyó que no era necesario su consentimiento para el traslado ni que ambos cónyuges fuesen destinados a la misma localidad, por lo que la medida se ajustaba a derecho. No obstante, previno que, en el futuro, la autoridad policial deberá indicar en el acto administrativo los motivos concretos que justifican destinar a un empleado cuyo cónyuge trabaja en otro servicio, en resguardo de la familia como núcleo fundamental de la sociedad.