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La Contraloría General de la República desestimó el reclamo de un funcionario de la Pol…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2012

Resumen

La Contraloría General de la República desestimó el reclamo de un funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile que cuestionaba la destinación de su cónyuge, también funcionaria de la institución. El órgano examinó el artículo 119 del D.F.L. N° 1, de 1980, del Ministerio de Defensa Nacional, que impide destinar a un servidor casado con otro funcionario a una residencia distinta sin la aceptación de ambos, salvo que sean destinados simultáneamente a un mismo punto. Constató que, al momento de disponerse las medidas, los cónyuges no residían en la misma localidad: la funcionaria tenía su domicilio en Santiago y el reclamante en Temuco. Por ello concluyó que la norma no era aplicable y que la destinación se ajustó a derecho.

Normas citadas

  • dfl 1/80 defen art/119
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿El artículo 119 del DFL 1 de 1980 impide destinar a un funcionario de la PDI casado con otro funcionario sin la aceptación de ambos?

En este caso, la Contraloría General de la República sostuvo que la norma impide destinar a un servidor casado con otro funcionario a una residencia distinta sin la aceptación de ambos, salvo que sean destinados simultáneamente a un mismo punto. Sin embargo, concluyó que no era aplicable porque los cónyuges no residían en la misma localidad al disponerse las medidas.

¿Es aplicable la prohibición de destinación conjunta a cónyuges que viven en localidades distintas?

En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que no es aplicable la norma cuando, al momento de disponerse las medidas, los cónyuges no residen en la misma localidad. Por ello, la destinación de uno de ellos se ajustó a derecho.

¿Puede un funcionario de la PDI reclamar ante la Contraloría la destinación de su cónyuge, también funcionario de la institución?

En este caso, la Contraloría General de la República examinó un reclamo de un funcionario de la PDI que cuestionaba la destinación de su cónyuge, también funcionaria de la institución. El órgano desestimó el reclamo tras constatar que la destinación se ajustó a derecho.

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