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La Contraloría General de la República confirmó su dictamen N° 50.957, de 2015, que con…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2015

Resumen

La Contraloría General de la República confirmó su dictamen N° 50.957, de 2015, que concluyó que la destinación de un funcionario de Gendarmería de Chile debió ajustarse al artículo 74, inciso segundo, de la ley N° 18.834, norma que no fue observada en el caso. El organismo precisó que el reglamento del personal no puede limitar la aplicación supletoria de la ley N° 18.834, dado que los artículos 12 a 17 de dicho reglamento no son preceptos estatutarios. Fundó además la decisión en la protección constitucional de la familia y en el derecho de los cónyuges a vivir en el hogar común, reiterando que el servicio debe disponer a la brevedad el traslado del funcionario a la ciudad de Punta Arenas e informar de ello en 15 días hábiles.

Normas citadas

  • ley 18834 art/74 inc/2
  • cci art/3
  • dfl 1791/79 Justi art/1 inc/1
  • dl 2859/79 art/6 num/9
  • dl 2859/79 art/12
  • dto 26/83 justi art/12 dto 26/83 justi art/13
  • dto 26/83 justi art/14
  • dto 26/83 justi art/15 dto 26/83 justi art/16
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿El reglamento de personal de un servicio puede limitar la aplicación supletoria de la ley 18.834 a los funcionarios públicos?

No. En este caso, la Contraloría General de la República precisó que el reglamento del personal no puede restringir la aplicación supletoria de la ley N° 18.834, porque sus artículos 12 a 17 no son preceptos estatutarios.

¿Un funcionario de Gendarmería puede exigir su traslado para vivir con su cónyuge en el hogar común?

Sí, según este dictamen. La Contraloría fundó su decisión en la protección constitucional de la familia y en el derecho de los cónyuges a vivir en el hogar común, ordenando que el servicio disponga el traslado a la brevedad.

¿Qué debe hacer el servicio cuando una destinación de un funcionario no se ajustó al artículo 74, inciso segundo, de la ley 18.834?

En este caso, la Contraloría confirmó que la destinación debió ajustarse a ese artículo y ordenó que el servicio disponga a la brevedad el traslado del funcionario, informando de ello en 15 días hábiles.

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