La Corte Suprema confirmó la sentencia que rechazó un recurso de protección interpuesto…
Sentencia · Corte Suprema · 2026
Resumen
La Corte Suprema confirmó la sentencia que rechazó un recurso de protección interpuesto por una recurrente contra el Servicio Nacional de Migraciones, por la demora en resolver su solicitud migratoria, que alegaba como omisión ilegal o arbitraria. El tribunal sostuvo que el plazo de seis meses del artículo 27 de la Ley 19.880 no es fatal, por lo que su mera superación no implica ilegalidad, y que la masificación migratoria justifica la demora. Señaló que el mecanismo para impugnarla es el silencio administrativo previsto en los artículos 64 y 65 de dicha ley, y no la acción de protección, que no tiene por objeto acelerar procedimientos en curso. Además, constató que la recurrente mantenía una situación migratoria regular, por lo que no había privación, perturbación o amenaza a sus derechos constitucionales. Agregó que acoger el recurso podría vulnerar el principio de igualdad ante la ley.
¿Es ilegal que la autoridad migratoria demore más de seis meses en resolver una solicitud y procede un recurso de protección por eso?
En este caso, la Corte Suprema sostuvo que el plazo de seis meses del artículo 27 de la Ley 19.880 no es fatal, así que superarlo no implica ilegalidad. Tampoco procede la acción de protección para acelerar un procedimiento en curso, pues el mecanismo previsto es el silencio administrativo de los artículos 64 y 65.
¿Cuál es el mecanismo para reclamar por la demora de la administración en resolver una solicitud según la Ley 19.880?
La Corte Suprema señaló que, frente a la demora en resolver una solicitud, el mecanismo es el silencio administrativo previsto en los artículos 64 y 65 de la Ley 19.880, y no el recurso de protección. Así lo resolvió al confirmar el rechazo del recurso.
¿Puede interponerse un recurso de protección por demora en un trámite migratorio si la persona mantiene una situación regular?
En este caso, la Corte Suprema constató que la recurrente mantenía una situación migratoria regular, por lo que no había privación, perturbación o amenaza a sus derechos constitucionales. Por ello confirmó el rechazo del recurso de protección, reconociendo además que la masificación migratoria justifica la demora.
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