Resumen del criterio jurisprudencial
La recurrente interpuso un recurso de protección contra el Servicio Nacional de Migraciones por la demora en responder a su solicitud migratoria, alegando una omisión ilegal o arbitraria. La Corte Suprema confirmó la sentencia apelada que rechazó el recurso. Sostuvo que el plazo de seis meses del artículo 27 de la Ley 19.880 no es fatal y que la masificación migratoria constituye una razón objetiva que justifica la demora. Además, la recurrente se encuentra en situación migratoria regular, por lo que no se afectan sus derechos constitucionales. El tribunal indicó que el mecanismo adecuado para impugnar la demora es el silencio administrativo, no el recurso de protección. Finalmente, acoger el recurso podría vulnerar el principio de igualdad ante la ley.