El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 12, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que restringe el acceso a penas sustitutivas, y del artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798, sobre control de armas. El tribunal rechazó el requerimiento. Razonó que el legislador puede excluir el acceso a penas alternativas en delitos de mayor reproche, como violencia de género, uso de armas prohibidas o robadas, y tráfico o producción de drogas, sin que ello sea desproporcionado ni vulnere la igualdad ante la ley. Precisó además que la determinación concreta de la pena corresponde al tribunal penal competente y no a esta Magistratura.
Tribunal ConstitucionalINAPrincipio de proporcionalidad de la Penapenas sustitutivasReinserción socialley de control de armasIgualdad ante la LeyDeterminación de la pena
Preguntas frecuentes
¿El legislador puede excluir del acceso a penas sustitutivas a ciertos delitos sin vulnerar la Constitución?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que sí, porque el legislador puede excluir las penas alternativas en delitos de mayor reproche, como violencia de género, uso de armas prohibidas o robadas, y tráfico o producción de drogas, sin que ello sea desproporcionado ni vulnere la igualdad ante la ley. Rechazó el requerimiento de inaplicabilidad.
¿Puede el Tribunal Constitucional determinar la pena concreta que corresponde aplicar en un caso penal?
No. En esta sentencia el Tribunal Constitucional precisó que la determinación concreta de la pena corresponde al tribunal penal competente y no a esa Magistratura.
¿Es inconstitucional la restricción al acceso a penas sustitutivas en el control de armas?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento que cuestionaba la restricción del artículo 17 B de la Ley N° 17.798, al considerar que el legislador puede excluir las penas alternativas en delitos de mayor reproche como el uso de armas prohibidas o robadas, sin que ello vulnere la Constitución.
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