El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado en contra de Carabineros d…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2025
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado en contra de Carabineros de Chile y ordenó la entrega de la hoja de vida de un funcionario consultado. El organismo fundó su decisión en que la función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, obligación de rango constitucional, y en que la información versa sobre el desempeño funcionario, cuya divulgación no se estimó lesiva para los derechos de la persona consultada. Conforme al principio de divisibilidad de la Ley de Transparencia, sólo deben tarjarse los datos personales de contexto y sensibles, así como las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas. Se advirtió que el incumplimiento de la orden puede acarrear multas y suspensión en el cargo, y se dispuso que el organismo acredite la entrega. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.
Normas citadas
Ley N° 20.285
Ley N° 19.628
Ley N° 19.880
Artículo 21 de la ley N° 19.628
Ley N° 18.575
Ley N° 18.834
Oficio N° 188
Artículo 59 de la ley N° 19.880
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Se puede pedir la hoja de vida de un funcionario de Carabineros por transparencia activa o pasiva?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió un amparo y ordenó a Carabineros entregar la hoja de vida de un funcionario, fundando su decisión en que la función pública debe ejercerse con probidad y transparencia y en que la información se refiere al desempeño funcionario.
¿Qué datos de una hoja de vida funcionaria pueden ser tarjados al entregarla por ley de transparencia?
En este caso, el Consejo sostuvo que, conforme al principio de divisibilidad, sólo deben tarjarse los datos personales de contexto y sensibles, así como las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas.
¿Qué pasa si un organismo público no cumple una orden de entrega de información del Consejo para la Transparencia?
En este caso, el Consejo advirtió que el incumplimiento puede acarrear multas y suspensión en el cargo, y dispuso que el organismo acredite la entrega. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.
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