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La Corte Suprema, Tercera Sala, conoció un recurso de protección interpuesto por una so…

Sentencia · Corte Suprema · 2026

Resumen

La Corte Suprema, Tercera Sala, conoció un recurso de protección interpuesto por una solicitante contra el Servicio Nacional de Migraciones por la demora en la tramitación de su solicitud migratoria. El fallo confirmó la sentencia apelada y rechazó la acción. Se estimó que la demora en resolver un procedimiento administrativo migratorio no constituye por sí sola una actuación ilegal o arbitraria, y que la recurrente se encuentra en situación migratoria regular mientras dura la tramitación, por lo que no se constata una amenaza concreta a sus derechos constitucionales. El fallo fue acordado con el voto en contra del Ministro Sr. G.R., quien estimó que no existían indicios de discriminación ni arbitrariedad, que la acción no tiene por objeto acelerar procedimientos administrativos en curso, y que el tiempo de tramitación no vulnera automáticamente el plazo razonable del artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Normas citadas

  • Artículo 20 de la Constitución Política de la República
  • Artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(CIVIL) APELACIÓN PROTECCIÓNTERCERA, CONSTITUCIONAL

Preguntas frecuentes

¿La demora del Servicio Nacional de Migraciones en resolver una solicitud migratoria puede reclamarse por recurso de protección?

En este caso, la Corte Suprema estimó que la demora en resolver un procedimiento administrativo migratorio no constituye por sí sola una actuación ilegal o arbitraria. Además, la recurrente estaba en situación migratoria regular mientras duraba la tramitación, por lo que no se constató una amenaza concreta a sus derechos y se rechazó la acción.

¿Qué pasa con la situación migratoria de una persona mientras su solicitud está en tramitación en Chile?

En este fallo, la Corte Suprema sostuvo que la recurrente se encontraba en situación migratoria regular mientras duraba la tramitación de su solicitud. Por ello, no se configuró una amenaza concreta a sus derechos constitucionales.

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