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El Consejo para la Transparencia rechazó un amparo interpuesto por un ciudadano contra…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2024

Resumen

El Consejo para la Transparencia rechazó un amparo interpuesto por un ciudadano contra la Municipalidad de Vallenar, que buscaba obtener copia digital de grabaciones de cámaras de vigilancia. El órgano municipal sostuvo que no obraba en su poder la videograbación solicitada, y no existían antecedentes que permitieran concluir lo contrario, por lo que el amparo fue desestimado. Sin perjuicio de ello, el Consejo advirtió a la municipalidad sobre su criterio de publicidad de grabaciones captadas por cámaras ubicadas en la vía pública, para que lo considere en futuras solicitudes de acceso. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro de 15 días corridos desde la notificación.

Normas citadas

  • Constitución Política de la República
  • Ley de Transparencia
  • Reglamento de la Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoOtros

Preguntas frecuentes

¿Un municipio está obligado a entregar grabaciones de cámaras de vigilancia si el ciudadano las pide por transparencia?

En este caso, el Consejo para la Transparencia rechazó el amparo porque la Municipalidad de Vallenar sostuvo que no tenía en su poder la videograbación solicitada, y no había antecedentes que demostraran lo contrario. Igual advirtió al municipio sobre su criterio de publicidad de grabaciones captadas en la vía pública.

¿Cuál es el plazo para reclamar una decisión del Consejo para la Transparencia que rechaza un amparo?

Según esta resolución, contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro de 15 días corridos desde la notificación.

¿Qué pasa si un organismo público dice que no tiene un documento que se le pidió por transparencia?

En este caso, el Consejo para la Transparencia desestimó el amparo porque el órgano afirmó no tener la grabación solicitada y no existían antecedentes que permitieran concluir lo contrario. La decisión se basó en la falta de prueba de que el documento estuviera en poder del municipio.

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