Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad, Rol N°, dirigido contra el artículo 196 ter, inciso primero, segunda parte, de la Ley N° 18.290 (Ley de Tránsito), que exige el cumplimiento efectivo de un año de pena privativa de libertad antes de acceder a penas sustitutivas. La parte requirente sostenía que esa exigencia vulneraba la proporcionalidad, la igualdad ante la ley y el debido proceso, al impedir que el juez individualice la pena según las circunstancias del caso. El resultado registrado es acoge parcialmente. Sin embargo, la parte final del fallo, que es la que describe lo resuelto, razona en sentido contrario: sostiene que suprimir las penas sustitutivas en determinados delitos es una opción legítima del legislador, que la exigencia de cumplimiento efectivo permite centrar el debate en la pena y respeta el principio de legalidad, y que no existe un trato discriminatorio, pues la requirente no demostró una diferenciación comparable. Por ello, el texto resolutivo debe leerse como una desestimación del requerimiento, y no como su acogimiento.