Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la resolución exenta N° 38, de 2011, del Instituto de Previsión Social, que destituyó a una funcionaria. La funcionaria reclamó, entre otros aspectos, que la autoridad no abrió un término probatorio que solicitó al presentar sus descargos. El organismo recordó que el artículo 138, inciso segundo, de la ley N° 18.834 reconoce al funcionario el derecho a solicitar y rendir pruebas pertinentes, y que, conforme a su jurisprudencia, el fiscal debe conceder un término probatorio de hasta veinte días cuando el inculpado lo pide. Como no se concedió, se configuró un vicio que afectó el derecho a defensa. La Contraloría indicó que la ponderación de los hechos y la gravedad de la responsabilidad corresponden a la Administración activa, pero que sí puede objetar la decisión por infracción al debido proceso. Por ello representó la resolución.