Resumen
La Contraloría General de la República volvió a representar la resolución N° 38, de 2011, del Instituto de Previsión Social, que destituyó a una funcionaria sin disponer la apertura del término probatorio que ella había solicitado. El organismo recordó que, conforme al artículo 138 de la ley N° 18.834, si el inculpado pide rendir prueba el fiscal debe fijar el plazo para hacerlo, sin poder evaluar la procedencia de esa solicitud, por tratarse de un derecho de la defensa. Además, precisó que los dictámenes invocados por el servicio se referían a la facultad de rechazar diligencias dilatorias, no a la negativa de abrir el término probatorio. Por ello desechó la petición del servicio y reiteró lo resuelto.