La recurrente interpuso una acción de protección contra el Servicio Nacional de Migraci…
Sentencia · Corte Suprema · 2026
Resumen
La recurrente interpuso una acción de protección contra el Servicio Nacional de Migraciones, alegando que la demora de más de seis meses en responder su solicitud, conforme al artículo 27 de la Ley N° 19.880, constituía una omisión ilegal o arbitraria. La Corte de Apelaciones de Copiapó acogió el recurso, pero la Corte Suprema revocó esa sentencia y rechazó la acción. Sostuvo que el plazo de seis meses no es fatal, criterio respaldado por la Contraloría General de la República, y que la demora no era arbitraria por admitir el propio precepto ampliaciones por fuerza mayor o caso fortuito, como la masificación migratoria. Agregó que todos los solicitantes estaban en igual situación, que la acción no sirve para acelerar procedimientos administrativos en curso, ya que existe el silencio administrativo (artículos 64 y 65 de la Ley N° 19.880), y que la recurrente se encontraba en situación migratoria regular, por lo que no había privación, perturbación o amenaza a derechos constitucionales. Finalmente, advirtió que acoger tales pretensiones podría vulnerar la igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2 de la Constitución).
Normas citadas
Art. 27 Ley N° 19.880
Art. 64 Ley N° 19.880
Art. 65 Ley N° 19.880
Art. 20 Constitución Política de la República
Art. 19 N° 2 Constitución Política de la República
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Preguntas frecuentes
¿Es fatal el plazo de seis meses que tiene la Administración para resolver una solicitud y, si se incumple, procede una acción de protección por omisión ilegal?
En este caso, la Corte Suprema sostuvo que el plazo de seis meses no es fatal, criterio respaldado por la Contraloría, y que la demora no era arbitraria porque el mismo precepto admite ampliaciones por fuerza mayor o caso fortuito. Por ello revocó la sentencia que había acogido el recurso y rechazó la acción.
¿Puede usarse la acción de protección para acelerar un procedimiento administrativo que aún está en tramitación?
En este caso, la Corte Suprema concluyó que no, porque la acción no sirve para acelerar procedimientos administrativos en curso, existiendo para ello el silencio administrativo de los artículos 64 y 65 de la Ley N° 19.880. Además, la recurrente estaba en situación migratoria regular, por lo que no había privación, perturbación o amenaza a derechos constitucionales.
¿Vulnera la igualdad ante la ley acoger una acción de protección por demora administrativa cuando todos los solicitantes están en la misma situación?
En este caso, la Corte Suprema advirtió que acoger tales pretensiones podría vulnerar la igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2 de la Constitución, pues todos los solicitantes estaban en igual situación. Esta consideración fue parte de los fundamentos para rechazar la acción.
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