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La Corte Suprema rechazó el recurso de protección interpuesto por una recurrente contra…

Sentencia · Corte Suprema · 2026

Resumen

La Corte Suprema rechazó el recurso de protección interpuesto por una recurrente contra la autoridad administrativa por la demora en responder su solicitud por más de seis meses. El tribunal confirmó la sentencia apelada, considerando que el plazo del artículo 27 de la Ley N° 19.880 no es fatal, por lo que su incumplimiento no constituye ilegalidad. La demora se justificó por fuerza mayor debido a la masificación migratoria. Además, la acción de protección no es la vía adecuada para acelerar procedimientos administrativos, pues existe el mecanismo del silencio administrativo. Al encontrarse la recurrente en situación migratoria regular, no se afectaron sus derechos constitucionales, y acoger el recurso podría vulnerar el principio de igualdad ante la ley.

Normas citadas

  • Art. 27 Ley N° 19.880
  • Art. 64 Ley N° 19.880
  • Art. 65 Ley N° 19.880
  • Art. 20 Constitución Política de la República
  • Art. 19 N°2 Constitución Política de la República
  • Auto Acordado de esta Corte sobre la materia
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Preguntas frecuentes

¿El plazo de respuesta del artículo 27 de la Ley N° 19.880 es fatal, de modo que su incumplimiento constituye una ilegalidad recurrible por protección?

En este caso, la Corte Suprema sostuvo que el plazo del artículo 27 de la Ley N° 19.880 no es fatal, por lo que su incumplimiento no constituye ilegalidad. Además, la demora se justificó por fuerza mayor debido a la masificación migratoria.

¿Es la acción de protección la vía adecuada para acelerar un procedimiento administrativo que se encuentra demorado?

En este caso, la Corte Suprema concluyó que la acción de protección no es la vía adecuada para acelerar procedimientos administrativos, pues existe el mecanismo del silencio administrativo. Por eso rechazó el recurso.

¿Procede proteger el derecho a la igualdad ante la ley cuando se acoge un recurso por demora administrativa en un procedimiento de extranjería?

En este caso, la Corte Suprema consideró que la recurrente se encontraba en situación migratoria regular, por lo que no se afectaron sus derechos constitucionales. Estimó además que acoger el recurso podría vulnerar el principio de igualdad ante la ley.

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