El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad en el que se ale…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2020
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad en el que se alegaba que el artículo 1° del Estatuto Docente, al excluir a las educadoras de prebásica de establecimientos no subvencionados de la aplicación del artículo 87 (indemnización adicional por despido), vulneraba la igualdad ante la ley. El tribunal, por mayoría, rechazó el requerimiento. Estimó que las requirentes se comparan con personas sujetas a un estatuto jurídico distinto y que la exclusión, definida por el legislador al estructurar el ámbito de aplicación del estatuto, es objetiva y razonable: estas profesionales se rigen igualmente por el Código del Trabajo y la carga indemnizatoria del artículo 87 se vincula a quienes reciben subvención, cuyo año lectivo difiere del de los no subvencionados. Asimismo, indicó que el beneficio es excepcional y de aplicación restrictiva, y que modificar el ámbito de aplicación de un régimen jurídico corresponde al legislador y no a un recurso de inaplicabilidad.
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Preguntas frecuentes
¿Es inconstitucional excluir a las educadoras de prebásica de establecimientos no subvencionados de la indemnización adicional por despido del Estatuto Docente?
En este caso, el Tribunal Constitucional, por mayoría, rechazó el requerimiento. Estimó que la exclusión es objetiva y razonable, pues estas profesionales se rigen por el Código del Trabajo y las personas con las que se comparan están sujetas a un estatuto distinto.
¿El beneficio de indemnización adicional del artículo 87 del Estatuto Docente se aplica a todos los docentes?
Según este fallo, la carga indemnizatoria se vincula a quienes reciben subvención, cuyo año lectivo difiere del de los no subvencionados. Además, el tribunal sostuvo que se trata de un beneficio excepcional de aplicación restrictiva.
¿Puede un recurso de inaplicabilidad modificar el ámbito de aplicación de un estatuto jurídico como el docente?
No, en este caso el Tribunal Constitucional indicó que modificar el ámbito de aplicación de un régimen jurídico corresponde al legislador y no a un recurso de inaplicabilidad.
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