El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2022
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad dirigido contra el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que restringe la aplicación de penas sustitutivas. La parte requirente sostenía que esa exclusión resultaba desproporcionada e inequitativa, vulnerando el principio de proporcionalidad de las penas y la igualdad ante la ley. El Tribunal rechazó el requerimiento. Razonó que, en casos como el examinado, basta que el hecho imputado sea subsumible en la ley pretérita y en la derogada para que el juez de fondo califique si existe ultraactividad de la ley penal más favorable. Solo cuando ese desconocimiento sea manifiesto podría recurrirse de inaplicabilidad por vulneración del principio de legalidad penal. Por ello, no examinó el fondo de los cuestionamientos formulados. Un ministro previno que estuvo por acoger la impugnación.
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Preguntas frecuentes
¿Es inconstitucional la exclusión de las penas sustitutivas del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216 por ser desproporcionada?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento y no examinó el fondo de los cuestionamientos de proporcionalidad e igualdad. Razonó que basta que el hecho sea subsumible en la ley pretérita y en la derogada para que el juez de fondo califique si procede la ultraactividad de la ley penal más favorable.
¿Cuándo procede un requerimiento de inaplicabilidad por aplicación de la ley penal más favorable?
Según este fallo, solo cuando el desconocimiento del juez de fondo sobre la ultraactividad de la ley penal más favorable sea manifiesto, pudiendo entonces invocarse la vulneración del principio de legalidad penal. En este caso el Tribunal no lo estimó configurado y rechazó el requerimiento.
¿Cuál es el rol del juez de fondo al decidir si se aplica una ley penal derogada más favorable?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que corresponde al juez de fondo calificar si existe ultraactividad de la ley penal más favorable, siempre que el hecho imputado sea subsumible en la ley pretérita y en la derogada. Un ministro previno que estuvo por acoger la impugnación.
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