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La Corte de Apelaciones acogió el recurso de apelación del Ministerio Público y revocó…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2015

Resumen

La Corte de Apelaciones acogió el recurso de apelación del Ministerio Público y revocó la sentencia del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, que había anulado la formalización por delitos tributarios de un imputado. El fallo mayoritario sostuvo que las alegaciones de la defensa sobre la naturaleza de las boletas de honorarios y la falta de autorización del Servicio no afectaban la realización de la audiencia de formalización, pues esas cuestiones pueden plantearse en etapas posteriores conforme a los artículos 164 del Código Procesal Penal y las normas de nulidad de los artículos 159 y 160. Sin embargo, la parte final del texto, correspondiente al voto disidente, sostiene lo contrario: que el artículo 162 del Código Tributario otorga al Servicio una facultad privativa y exclusiva para denunciar o querellarse, de modo que el Ministerio Público no podía investigar ni formalizar delitos tributarios sin una manifestación expresa y nominativa de esa voluntad respecto de cada involucrado, por lo que estimó que la resolución debía ser confirmada.

Normas citadas

  • Art. 162 inciso 1 Código Tributario
SIIjurisprudencia judicial tributaria

Preguntas frecuentes

¿Puede el Ministerio Público formalizar por delitos tributarios sin una denuncia previa del Servicio de Impuestos Internos?

En este caso, la Corte de Apelaciones acogió la apelación del Ministerio Público y revocó la anulación de la formalización, sosteniendo que los alegatos de la defensa sobre la falta de autorización del Servicio no impedían realizar la audiencia, pues podían plantearse en etapas posteriores.

¿Qué facultad otorga el artículo 162 del Código Tributario al Servicio de Impuestos Internos en materia de delitos tributarios?

En este caso, el voto disidente sostuvo que el artículo 162 otorga al Servicio una facultad privativa y exclusiva para denunciar o querellarse, de modo que el Ministerio Público no podía investigar ni formalizar delitos tributarios sin esa manifestación de voluntad. Esta postura no fue la de la mayoría del tribunal.

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