El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 196 ter de la Ley N° 18.290, modificado por la Ley N° 20.770, que impide acceder a penas sustitutivas cuando el condenado debe cumplir efectivamente una pena privativa de libertad. El requirente sostenía que dicha exigencia era desproporcionada, discriminatoria y lesiva de la igualdad ante la ley en su caso. El Tribunal resolvió rechazar el requerimiento: reconoció el margen de deferencia al legislador en la configuración de las penas, y concluyó que la exclusión de penas sustitutivas en delitos con un reproche adicional, como la violencia de género, el uso de armas prohibidas o robadas y el tráfico de drogas, no es discriminatoria ni carente de razonabilidad. Precisó además que la determinación de la pena concreta corresponde al tribunal penal y no a esa Magistratura.
Normas citadas
artículo 195, inciso tercero, de Ley N° 18.290
artículo 38, de Ley N° 18.216
artículo 32, de Ley N° 18.216
artículo 33, de Ley N° 18.216
artículo 25, de Ley N° 18.216
artículo 17, inciso b), numeral N/A, letra N/A, párrafo N/A, frase "N/A", de Ley N° 17.798
Tribunal ConstitucionalINApenas sustitutivasley de control de armasPrincipio de proporcionalidad de la PenaIgualdad ante la LeyDeterminación de la penaReinserción social
Preguntas frecuentes
¿Puede el Tribunal Constitucional revisar la pena concreta que impone un tribunal penal al aplicar la exclusión de penas sustitutivas?
En este caso, el Tribunal Constitucional precisó que la determinación de la pena concreta corresponde al tribunal penal y no a esa Magistratura. Por eso no entró a revisar la pena impuesta al requirente.
¿Es inconstitucional una norma que impide las penas sustitutivas por ser desproporcionada o vulnerar la igualdad ante la ley?
En este caso, el requirente sostuvo que la exigencia era desproporcionada, discriminatoria y contraria a la igualdad ante la ley, pero el Tribunal Constitucional desestimó esos argumentos. Concluyó que la norma no era inaplicable por inconstitucionalidad en su caso.
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