El Tribunal Constitucional conoció una impugnación contra el artículo 17 B, inciso segu…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2020
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció una impugnación contra el artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798, sobre control de armas, que restringe el marco penal aplicable en ciertos delitos. Los requirentes sostenían que la norma limitaba indebidamente la discrecionalidad judicial en la individualización de la pena. La mayoría rechazó el reproche: explicó que el legislador tiene primacía en la política criminal dentro de los límites constitucionales, que el control de armas es un bien jurídico protegido por la Constitución y que la norma no afecta la individualización judicial, pues el juez conserva la facultad de ponderar atenuantes y agravantes, sin vulnerar la culpabilidad ni la proporcionalidad. En cuanto a la gestión pendiente, el Tribunal consideró que la norma cuestionada no sería la que impediría el cumplimiento de la sanción, dado que el régimen concursal y el umbral para penas sustitutivas previstos en la Ley N° 18.216 llevarían a la misma consecuencia, por lo que el requerimiento fue acogido solo parcialmente.
Normas citadas
artículo 1, inciso segundo, de Ley N° 18.216
artículo 17 B, de Ley N° 17.365
artículo 3, de Código Penal
artículo 21, de Código Penal
artículo 4, de Código Penal
artículo 8, de Código Penal
artículo 15, de Código Penal
artículo 31, de Código Penal
Tribunal ConstitucionalINApenas sustitutivasley de control de armasPrincipio de proporcionalidad de la PenaIgualdad ante la LeyDeterminación de la penaReinserción social
Preguntas frecuentes
¿El legislador puede restringir el marco penal aplicable en delitos de control de armas sin vulnerar la discrecionalidad judicial?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que el legislador tiene primacía en la política criminal dentro de los límites constitucionales y que la norma no afecta la individualización judicial, pues el juez conserva la facultad de ponderar atenuantes y agravantes sin vulnerar la culpabilidad ni la proporcionalidad.
¿Puede el control de armas considerarse un bien jurídico protegido por la Constitución para justificar penas más severas?
En este caso, el Tribunal consideró que el control de armas es un bien jurídico protegido por la Constitución, lo que respalda la legitimidad de la restricción del marco penal establecida por la norma impugnada.
¿Cuándo procede acoger un requerimiento de inaplicabilidad si la norma cuestionada produciría la misma consecuencia que otras disposiciones legales?
En este caso, el Tribunal estimó que la norma impugnada no sería la que impediría el cumplimiento de la sanción, porque el régimen concursal y el umbral para penas sustitutivas de la Ley N° 18.216 llevarían a la misma consecuencia, por lo que el requerimiento fue acogido solo parcialmente.
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