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La Contraloría General de la República se pronunció sobre dos reclamos contra una munic…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2015

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre dos reclamos contra una municipalidad. Respecto de un docente, concluyó que no era procedente aplicarle una sanción de amonestación, por lo que el alcalde debe ponderar si la investigación se encuentra agotada y, según corresponda, retrotraer o afinar el procedimiento conforme a la ley. En cuanto al término de servicios de una funcionaria contratada, determinó que se ajusta a derecho el cese, por haber vencido el período fijado en su decreto de contratación, toda vez que la contrata es una figura transitoria y el Estatuto Docente (ley N° 19.070) no exige aviso previo para que opere el término. La municipalidad deberá dejar sin efecto la resolución que dispuso el cese y comunicar lo actuado en un plazo de 10 días hábiles.

Normas citadas

  • ley 19070 art/72 lt/b
  • ley 19070 art/72 lt/c
  • ley 18575 art/18
  • ley 18695 art/63 lt/d
  • dto 453/91 educa art/145
  • dto 215/2011 educa num/28
  • ley 19070 art/72 lt/d
  • ley 19070 art/25 inc/3
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Procede aplicar una amonestación a un docente municipal sin agotar la investigación sumaria?

En este caso, la Contraloría concluyó que no era procedente aplicar la sanción de amonestación al docente, por lo que el alcalde debe ponderar si la investigación se encuentra agotada y, según corresponda, retrotraer o afinar el procedimiento conforme a la ley.

¿El término de servicios de una docente contratada requiere aviso previo bajo el Estatuto Docente?

En este caso, la Contraloría determinó que el cese se ajusta a derecho por haber vencido el período fijado en el decreto de contratación, ya que la contrata es transitoria y el Estatuto Docente (ley N° 19.070) no exige aviso previo para que opere el término.

¿Qué debe hacer una municipalidad si el término de contrata de una funcionaria fue mal comunicado?

En este caso, la Contraloría resolvió que la municipalidad debe dejar sin efecto la resolución que dispuso el cese y comunicar lo actuado en un plazo de 10 días hábiles.

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