El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo interpuesto por un particular en co…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2024
Resumen
El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo interpuesto por un particular en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, relacionado con antecedentes de un proceso de ascensos de grado. El Consejo acogió parcialmente el reclamo y ordenó la entrega de los descargos evacuados en esta sede, específicamente copia de un oficio de abril de 2024, por estimar que dicho documento ilustraba suficientemente la materia consultada, aplicando los principios de máxima divulgación y facilitación de la Ley de Transparencia. Rechazó el amparo respecto del ranking de antigüedad solicitado, por no obrar en poder del órgano la información requerida, y también respecto de la pretensión de que se certificara si la exclusión del ascenso fue un error o un acto arbitrario, por tratarse de una solicitud de pronunciamiento expreso que corresponde al derecho de petición y no al acceso a la información pública.
Normas citadas
Oficio Ord. N° 133
Ley N° 20.285
Ley N° 19.880
Ley N° 18.575
Oficio N° 7479
Oficio N° 708
Artículo 59 de la ley N° 19.880
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Procede el acceso a documentos generados por un órgano en el marco de un amparo de transparencia, como los descargos presentados ante el Consejo?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió parcialmente el amparo y ordenó entregar copia de un oficio de los descargos evacuados en esa sede, por estimar que ilustraba suficientemente la materia consultada, aplicando los principios de máxima divulgación y facilitación.
¿Está obligado un órgano público a entregar información que no obra en su poder?
En este caso, el Consejo rechazó el amparo respecto del ranking de antigüedad solicitado, porque el órgano no tenía en su poder la información requerida.
¿Puede solicitarse por la vía de transparencia que la autoridad se pronuncie expresamente sobre si una decisión fue un error o un acto arbitrario?
En este caso, el Consejo rechazó la pretensión de certificar si una exclusión fue un error o un acto arbitrario, por tratarse de un pronunciamiento expreso que corresponde al derecho de petición y no al acceso a la información pública.
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