Resumen
La Contraloría General de la República se abstuvo de dar curso a la resolución Nº 40, de 2016, de la Subsecretaría de Servicios Sociales, que aplicaba a una funcionaria la medida disciplinaria de multa del diez por ciento de su remuneración mensual. El organismo fundamentó que, conforme al artículo 126 de la Ley N° 18.834, la autoridad competente para resolver la responsabilidad estatutaria era la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región de Los Ríos, pues los hechos investigados ocurrieron en esa región, lugar de desempeño de la afectada. Se precisó que el Subsecretario conserva su potestad como superior jerárquico para conocer del recurso de apelación, según el artículo 24 de la Ley N° 18.575. En consecuencia, se representó el acto administrativo y se devolvieron los antecedentes.