Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre un reclamo presentado por funcionarios de una universidad contra su calificación, interpuesto tras notificarse el fallo de la apelación. El órgano declaró que no advierte una infracción legal o reglamentaria, pues los recurrentes solo sostenían que su desempeño fue mal ponderado por encontrarse con mala salud. Respecto de las denuncias de acoso laboral, indicó que la facultad de evaluar si corresponde iniciar un sumario es de la superioridad del servicio, la que ya ordenó la instrucción de una investigación cuyo resultado será revisado posteriormente. Además, no se pronunció sobre la asignación hipotética de funciones de administración a una funcionaria, por tratarse de una consulta teórica. Finalmente, desestimó el reclamo sobre la negativa a destinar a un funcionario a labores de portería, por estimar que la distribución del personal es una decisión discrecional de la autoridad, siempre que respete los límites legales.