El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 196 ter, inciso primero, segunda parte, de la Ley N° 18.290 (Ley de Tránsito), que impide aplicar penas sustitutivas y ordena el cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad en ciertos casos de conducción en estado de ebriedad con lesiones o muerte. El requirente sostenía que la norma vulneraba los principios de proporcionalidad, igualdad ante la ley y racionalidad en la determinación de las penas. El Tribunal rechazó el requerimiento. Consideró que la potestad del legislador para excluir el acceso a penas sustitutivas en ciertos delitos, por el reproche adicional que contienen, no resulta desproporcionada ni discriminatoria, debiendo respetarse la deferencia razonada al legislador en materia de política criminal. Precisó además que la eventual pena a imponer al requirente es materia propia del tribunal penal competente y no de esta Magistratura.
Tribunal ConstitucionalINADeclaración De Inhabilidad Del Presidente De La RepúblicaDerecho A La Proteccion De Datos PersonalesDerecho A Obtener Una Resolucion FundadaDerecho A La Libertad Personal Y Seguridad IndividualDerecho A La Negociacion ColectivaDerecho A La Dignidad
Preguntas frecuentes
¿Es constitucional que la ley de tránsito excluya las penas sustitutivas en casos de conducción en estado de ebriedad con lesiones o muerte?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento y sostuvo que la potestad del legislador para excluir las penas sustitutivas en ciertos delitos, por el reproche adicional que contienen, no es desproporcionada ni discriminatoria. Agregó que debe respetarse la deferencia razonada al legislador en política criminal.
¿Puede el Tribunal Constitucional decidir qué pena concreta debe imponerse en un proceso penal por conducción en estado de ebriedad?
En este caso, el Tribunal precisó que la eventual pena a imponer al requirente es materia propia del tribunal penal competente y no de esta Magistratura. Por eso, el requerimiento no se resolvió con una determinación de la pena concreta.
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