El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 196 ter, inciso primero, parte final, de la Ley N° 18.290, que exige el cumplimiento efectivo de un año de pena privativa de libertad antes de acceder a penas sustitutivas. En el caso concreto, la parte requirente sostenía que la norma resultaba desproporcionada y afectaba la igualdad ante la ley. El Tribunal rechazó el requerimiento: concluyó que la exclusión del acceso a penas sustitutivas se enmarca en la potestad del legislador en materia de política criminal, dado el mayor reproche que contienen los delitos imputados, como los de violencia de género, uso de armas prohibidas o robadas y tráfico de drogas. Precisó además que la eventual pena a imponer corresponde ser determinada por el tribunal penal competente y no por esta Magistratura.
Tribunal ConstitucionalINADeclaración De Inhabilidad Del Presidente De La RepúblicaDerecho A La Integridad Fisica Y PsiquicaDerecho A La Libertad Personal Y Seguridad IndividualDerechos ImplicitosIgualdad Ante La LeyPrincipio De Tipicidad
Preguntas frecuentes
¿Es constitucional exigir el cumplimiento efectivo de un año de pena privativa de libertad antes de acceder a penas sustitutivas en la Ley 18.290?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento. Concluyó que excluir el acceso a penas sustitutivas se enmarca en la potestad del legislador en política criminal, dado el mayor reproche de delitos como violencia de género, uso de armas y tráfico de drogas.
¿Puede el Tribunal Constitucional fijar la pena concreta que corresponde a un condenado por delitos de la Ley 18.290?
No. En este caso, el Tribunal precisó que la eventual pena a imponer debe ser determinada por el tribunal penal competente y no por esta Magistratura.
¿La exclusión de penas sustitutivas en la Ley 18.290 vulnera la igualdad ante la ley?
En este caso, la parte requirente sostuvo que la norma era desproporcionada y afectaba la igualdad ante la ley, pero el Tribunal no acogió esa alegación y rechazó el requerimiento de inaplicabilidad.
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