El Tribunal Constitucional revisó la constitucionalidad de un requerimiento relativo a…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2020
Resumen
El Tribunal Constitucional revisó la constitucionalidad de un requerimiento relativo a la Ley N° 18.216, que regula las penas sustitutivas. La sentencia, de acogimiento parcial, se apoya en que la Ley N° 20.603 convirtió las penas alternativas en la regla general del sistema penal y dejó el presidio efectivo como última ratio. Los delitos y requisitos previstos en normas especiales de esa ley constituyen excepciones a ese principio, por lo que su control de constitucionalidad debe hacerse según su razonabilidad y justificación. Al tratarse de decisiones de política criminal, el Tribunal reconoce la deferencia razonada al legislador y su amplio margen en la reserva legal de las penas. El fallo también destaca la función resocializadora de la pena y la dignidad de la persona como límites del sistema.
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Preguntas frecuentes
¿Las penas sustitutivas son la regla general en el sistema penal chileno, y el presidio efectivo solo procede como última ratio?
Sí, según este fallo del Tribunal Constitucional. Recuerda que la Ley N° 20.603 convirtió las penas alternativas en la regla general y dejó el presidio efectivo como última ratio, por lo que las excepciones previstas en normas especiales deben justificarse.
¿Cómo se controla la constitucionalidad de los requisitos o delitos excluidos de las penas sustitutivas por normas especiales de la Ley N° 18.216?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que esas excepciones a la regla general deben revisarse según su razonabilidad y justificación. Reconoció que al tratarse de política criminal existe deferencia razonada al legislador y un amplio margen en la reserva legal de las penas.
¿Qué límites impone el Tribunal Constitucional a la política criminal en materia de penas?
En este fallo, el Tribunal destacó la función resocializadora de la pena y la dignidad de la persona como límites del sistema penal. Estos principios sirven de referencia para evaluar las decisiones del legislador en esta materia.
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